Comunicado conjunto migraciones
Desde las Asambleas Populares de Aluche, Lavapiés y Carabanchel nos posicionamos en contra de las políticas discriminatorias de control social (xenófobas, racistas y clasistas) que se llevan a cabo en nuestros barrios.
Denunciamos las redadas y controles policiales racistas en los que las personas son identificadas, detenidas y retenidas por el único hecho de tener unos rasgos físicos determinados. Estos actos según vienen denunciando desde hace varios años diversas asociaciones y colectivos, son ilegítimos además de ilegales tal y como se recoge en diferentes artículos de la Constitución (Art. 14: derecho a la libertad e intimidad) y en diversos acuerdos y tratados internacionales suscritos por el Estado Español (Dictamen del Comité de Derecho Humanos de Naciones Unidas de 2009, etc.).
Somos perfectamente conscientes de que estas actuaciones policiales ilegales e inmorales generan auténticas tragedias entre nuestros vecinos y vecinas migrantes y sus familias, y que tienen como objetivo deteriorar profundamente la convivencia en nuestro barrio, puesto que intentan difundir entre nosotrxs la idea de que nuestros vecinos y vecinas de origen extranjero son delincuentes, son malas personas, sobran. Estos hechos responden a la criminalización de la migración por parte de las instituciones políticas europeas, que transmiten a la población que encerrar a las personas es algo normalizado y legítimo, sirven para generar MIEDO.
Estas prácticas, las contextualizamos dentro del orden social existente, donde si una parte de la sociedad tiene derechos cada día más precarios, otra los tiene anulados por completo. Somos testigos de cómo se instrumentaliza y cosifica a las personas migrantes al servicio del capitalismo global, que permite la libre circulación del capital y las mercancías y reprime el de las personas.
Por otra parte, denunciamos la existencia de “Guantánamos” dentro del Estado Español, conocidos como CIE (Centro de Internamiento para Extranjeros), donde las personas son detenidas hasta su expulsión debido a su situación irregular, en cuanto a que no tienen papeles, lo cual supone una falta administrativa (y no un delito) equivalente al impago de una multa de tráfico. Desde hace años en los CIES se producen sistemáticas violaciones de los derechos humanos (palizas, humillaciones psicológicas, falta de atención médica, hacinamiento, etc.) silenciadas por las autoridades y los medios de comunicación masivos. En un reciente informe del Parlamente Europeo, los CIE españoles aparecen entre los peores de la Unión Europea.
Todos y todas sabemos que las víctimas de estos abusos son las mismas personas migrantes que hasta hace pocos años el gobierno, la banca y las empresas, han explotado como mano de obra barata, enriqueciéndose así de forma obscena. Ahora, en tiempos de lo que ellxs han llamado “crisis económica”, parece que les sobran y necesitan borrarlos de nuestras calles.
Tenemos muy claro que ningún ser humano es ilegal, y que nuestrxs vecinos y vecinas migrantes son personas, no mercancías. Los controles racistas de la Policía, además de ser injustos e ilegítimos, también son inconstitucionales:
Por todo eso, las Asambleas Populares de Lavapiés, Carabanchel y Aluche HAN DECIDIDO:
- Declarar nuestros barrios “territorios libre de redadas”. No vamos a permitir ni un control racista más en nuestro vecindario. A partir de hoy, cada vez que uno de nuestros vecinos o vecinas sufra un control de identidad o una detención por razones racistas, realizaremos acciones directas de desobediencia civil pacífica para evitar que sean conducidos de forma ilegal a dependencias policiales, centros de internamiento y/o que sean deportadxs.
- Denunciar la impunidad con la que actúan las personas e instituciones que ordenan y ejecutan controles de identidad por apariencia física y sus consiguientes detenciones preventivas y exigir que sean castigadas en función del daño que causan a sus víctimas. Nuestrxs gobernantes, las cúpulas policiales, y el ministerio del Interior son responsables y saben perfectamente que este tipo de prácticas son ilegales y constitutivas de delitos de abuso de autoridad y discriminación, y por eso niegan sistemáticamente su existencia.
- La paralización de redadas es la expresión de la sensibilidad de nuestro barrio ante la injusticia de los controles de identificación por apariencia física y el acoso policial permanente. Frente a sus armas de fuego, sus porras y sus escudos, seguiremos respondiendo de forma no violenta, todxs juntxs y con las manos en alto. No nos sirven los argumentos de algunos de ellos, asegurando que se limitan a cumplir órdenes. Por tanto, exigimos a lxs funcionarixs de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se nieguen a realizar más redadas, controles y detenciones por motivos racistas.
- Exigir el cierre inmediato de los CIEs, muros vergonzosos tras los cuales se encierra a miles de personas que han visto y se ven despojadas de sus más básicos derechos por el simple hecho de no tener “papeles”
- Realizar una llamada a la convivencia pacífica basada en el respeto a todas las personas, pidiendo a todos los vecinos y vecinas del barrio su participación para lograrla, reflexionando además sobre las duras condiciones de vida de parte de la población migrante en nuestro barrio, ante la pasividad de las instituciones. Todo ello como una muestra de solidaridad y apoyo mutuo entre personas, con independencia del lugar en el que se haya nacido, con el amparo que supone saber que somos muchxs lxs que queremos un mundo justo y con dignidad.
La próxima vez que vengan a llevarse a algunx de nuestrxs vecinxs, tendrán que llevarnos a todxs.
¡NINGÚN SER HUMANO ES ILEGAL! ¡CERREMOS LOS CIE!
En Madrid, a 5 de diciembre de 2011
